Cuando creí haberlo leído todo, me topé con un artículo de Gabriela Calderón, columnista de El Universo, titulado “El empresario y su entorno”. El artículo suponía una continuación a otro titulado “Marx y el reparto de la ganancias”. En ambo artículos expone, dentro de las limitaciones propias de una columna, su visión acerca de la organización económica del Estado. En un punto llega a decir que debemos dejar que “Marx descanse en paz y lejos de nuestro mercado laboral”. Esto para resumir su postura frente al reparto de utilidades.
Gabriela Calderón se define como liberal. ¿Liberal? Esta mujer hace ver a David Ricardo (aquel que afirmaba que el salario natural permite al trabajador “subsistir y perpetuar la raza”) como el escribano de Engels. Pero no es mi intención criticar una preferencia económica. Aunque los puntos en que coincidimos son mínimos, estoy seguro que ambos creemos que nuestra posición es la más adecuada para llegar a un Estado de bienestar. La motivación, en este caso, también resulta importante.
Lo que me asombró fue la manera en que justifica la doble contabilidad y la evasión de impuestos del empresario como reacción a un marco legal “que impide el progreso y castiga la creación de riqueza”. Esto, en un país donde la empresa privada ha hecho y deshecho a discreción. Donde los acuerdos colusorios son evidente, pero no son sancionados. Donde se critica que el Estado obligue a Holcim a pagar $31 millones en utilidades, pero se olvidan de criticar las prácticas anticompetitivas que son, decididamente, su modus operandi. Donde se defiende un capitalismo determinado o se predica una economía social de mercado, pero vivimos en un corporativismo violento y desmedido. Decir que, además del 25% de impuesto a la renta, repartir un 15% de utilidad obliga a la empresa privada a delinquir, es obviar el hecho de que en economías como la nuestra, ese 15% será utilizado para consumo, es decir, reabastecido al mercado, a la propia empresa.
Entonces, ¿cuándo, señora Calderón, debemos cumplir la ley? ¿Cuándo trabajamos ocho horas de salario mínimos? ¿Cuándo no se reciben utilidades porque las empresas están trabajando “a pérdida”? ¿Cuándo nos despiden un año antes de recibir la jubilación patrimonial? ¿Cuándo nos obligan a cobrar como “servicios prestados” cuando existe una relación de dependencia? Porque entre las prácticas ilegales que practican las empresas por un marco jurídico restrictivo, se olvidó de mencionar muchas otras más. Defender estas prácticas es darle patente de corso a un sector que, en buena parte, ha operado impune.
Una ley laboral taxativa es producto de un abuso. ¿Se abusan los trabajadores de ella? Por supuesto. Y de la misma manera en que se critica el accionar de ciertas empresas, es necesario criticar el accionar de ciertos trabajadores. Es necesario criticar la práctica inmoral y carente de cualquier indicio ético, además de ser ilegal. Resulta cómodo y facilista defender la doble contabilidad y la evasión de impuestos y una justificación penosa para un sector que puede, y debe, profesionalizarse.
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