Entre leguleyadas y apresuramientos, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para la aprobación de un nuevo paquete de impuestos terminó, como ya se ha hecho costumbre, en jaleo. Por un lado, la bandada opositora eufórica por encajarse una victoria. Por el suyo, el oficialismo desmereciendo esa victoria como una saludo a la bandera. Y los que al final terminaremos pagando el impuesto, debatidos entre su “verdesidad” y la incertidumbre sobre la inminencia de su aplicación.
Lo que podemos rescatar es que los 53 asambleístas en el pleno no dudaron en rechazar el proyecto de ley. ¿53? Pensé haber votado por 124. Negaría el proyecto solo para despabilar a los 71 asambleístas que tuvieron algo mejor que hacer (que su trabajo). Pero esto es democracia, y fundada en la plena aplicación de sus leyes, 53 asambleístas negaron una ley sin los dos debates de rigor, sin informe, sin nada. Es decir, sin su debido proceso. Lo cual, a mi parecer, vuelve inconstitucional a todo el procedimiento. Pero no estoy en posición de arrogarme funciones que competen únicamente a la Corte Constitucional. Y tampoco creo que lo esté
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