La justicia petrolera tiene sus matices. La justicia petrolera no es únicamente una renegociación de los contratos petroleros. Eso es únicamente el inicio. Son importantes estos primeros pasos. Nos devuelven el control sobre lo que es nuestro. Y digo nuestro, porque es imperante dejar de separar a la persona, al individuo, del Estado. Control no necesariamente físico, pero sí el control sobre los destinos que se quieran dar a los campos petroleros. Ya no estamos a merced de las petroleras. Tampoco es poner a las petroleras a merced nuestra. Es, precisamente, dar a cada quien lo que le corresponde: justicia.
La justicia petrolera es expansible. La justicia petrolera se proyecta hacia los más diversos estamentos estatales: carreteras, hospitales, escuelas, vivienda, producción y el saneamiento del aparato administrativo. La justicia petrolera debería, a su vez, proyectar esa riqueza, esa abundancia casi ostentosa, en las provincias de donde se está extrayendo el petróleo. Algo que no ocurrió durante los primeros treinta años de exploración y explotación petrolera. Lo que sí ocurrió fue un atentado contra la naturaleza y un desinterés completo por cualquier tipo de responsabilidad empresarial.
La justicia petrolera es algo transitorio. Nuestra dependencia del petróleo debe ser disminuida a través del propio petróleo. La riqueza que nos genera el petróleo hoy, puede ser el desmoronamiento económico del mañana. No podemos seguir viviendo de un mercado especulativo, especialmente cuando en ese mercado somos considerados marginales. Es imperante buscar alternativas a nuestra dependencia. Y las alternativas no son el ITT. El ITT es una gran iniciativa, altruista como pocas. Pero con cheques simbólicos no se paga a los maestros. El ITT, como mucho, ha mostrado las deficiencias como “fund raisers” de la Sra. Baki y la Ministra de Patrimonio.
La justicia petrolera debe llevarnos hacia una nueva visión del rol del Estado. Olvidarnos de un Estado que busca regalos y agradece de antemano al interés de inversor extranjero. La justicia petrolera tiene que recordarnos que estas son negociaciones. Que las petroleras no son juntas de beneficencia y que el Estado no tiene por qué rendirle pleitesías. Como diría Manolito: frialdad empresarial. A su vez, debemos buscar nuevos campos de inversión, nuevas fuentes de recursos que nos permiten pensar en la justicia petrolera como un fenómeno de transición.
Hace poco escuché al economista Mauricio Pozo mostrar sus dudas acerca del presupuesto del Estado y el gasto público y la necesidad de ahorrar. También lo escuché hablar sobre la necesidad de reactivar la economía. Estoy convencido de que la inversión vial, la inversión en salud y, por sobre todo, la inversión en educación es la chispa que reactiva la economía, es ahorrar. El empresario ecuatoriano quiere mano de obra barata, pero espero que sobre esta, quiera mano de obra calificada, tecnificada. Dejar de lado las utilidades absurdas de las décadas anteriores y generar valor agregado, únicamente posible a través de un trabajador capacitado, educado. Estos son los alcances de la justicia petrolera.
La justicia petrolera tendrá sus detractores. Habrá quienes digan que estuvieron mal negociados los contratos, que esta postura es peligrosa y vista con recelo por el inversionista extranjero. La justicia petrolera deberá prevalecer. La justicia petrolera deberá seguir su rumbo, buscar los nuevos espacios, eventualmente disminuir su importancia. La justicia petrolera tiene que ser un cambio de idiosincrasia, un cambio de lógica. La justicia petrolera tiene que ser el inicio y no el fin.
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